Álvaro Ramos
Estos procesos están comenzando a imponer un cambio de paradigma en la concepción del desarrollo rural y el combate a la pobreza. Este cambio de paradigma se apoya en dos premisas críticas, que deben ser conocidas y compartidas:
• La agricultura familiar no es sinónimo de pobreza rural. Dentro de una categoría amplia y heterogénea —a lo largo y ancho del mundo— como la agricultura familiar, hay familias de agricultores pobres, pero las hay con una enorme capacidad de trabajo, de transformación, de inversión y de manejo y gestión de sus sistemas productivos, que se vinculan frecuentemente con los mercados.
• La agricultura familiar es parte de la solución a los problemas de pobreza en el medio rural. Esto es así tan pronto como se le reconozca y se le atienda con políticas públicas diferenciadas, que orienten las inversiones y los servicios públicos, no para compensar a los excluidos del mercado, sino para la construcción de capacidades, el estímulo de las alianzas productivas privadas, el estímulo del asociativismo y la generación de tecnologías apropiadas que incorporen valor a los productos y faciliten su comercio.
El AIAF debería ser también un instrumento para consolidar nuevas institucionalidades, espacios para el diálogo político. También nuevas formas de organización social, empresas asociativas de economía social que acumulen trabajo, saberes, conocimientos y capacidades y que permitan competir con aquellas empresas que se generan por la acumulación de capital, y mercados.
La experiencia en el Mercosur, con la creación de la Reunión Especializada de la Agricultura Familiar (REAF), ha tenido varios actores estratégicos durante su desarrollo y consolidación: los gobiernos de los países del bloque, liderados por el Brasil, que ha sido claramente el pionero en esta materia; las organizaciones sociales de agricultores familiares de la región, entre ellas la COPROFAM, que ya desde 1994 luchaba por orientar el proceso de integración regional para atender los intereses y necesidades de la agricultura familiar; el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas (FIDA), que desde el año 2000 ha estado invirtiendo sostenidamente en la construcción de capacidades para el diálogo sobre políticas públicas, capacidades organizacionales y de gestión, económicas y productivas en la región, fuertemente ligado a las organizaciones de agricultura familiar.
Hoy la región cuenta con una multiplicidad de instrumentos de la política pública que han sido discutidos en la REAF, que han sido probados y aplicados por los gobiernos. También instrumentos diseñados y aplicados desde los proyectos del FIDA con los gobiernos, que han sido adaptados y adoptados por las organizaciones de agricultores familiares y que hoy están siendo escalados y proyectados como políticas públicas permanentes, con recursos presupuestales y con fuerte respaldo político. Ya no son especulaciones teóricas o académicas, tienen rostro humano y resultados económicos y sociales que pueden medirse.
Esto no era así a comienzos de los 2000. La visión de una sola agricultura y la visión de políticas verticales por cada rubro de producción orientadas al mercado de commodities y tecnologías se orientaban a la escala y la acumulación de tamaño para ser competitivos, creó un escenario de exclusión, aún no del todo resuelto.
No obstante, hoy ya se acepta la existencia de dos agriculturas como categorías de organización del trabajo, de organización de la producción, de formas de acumulación y de relación con los mercados.
Hoy se acepta y se trabaja en políticas horizontales de intervención sistémica y que van más allá de las fincas o de lo exclusivamente productivo agronómico.
Para que estas políticas y este espacio institucional ganado sea persistente y resistente es necesaria una nueva generación de políticas públicas para la agricultura familiar. Desde la experiencia en el Mercosur, se trabaja sobre varias de estas políticas. Por ejemplo:
• Acceso y tenencia de la tierra que explore formas asociativas de producción de insumos claves como pasturas, forrajes, granos para la alimentación de ganado, semillas.
• Nuevas fórmulas asociativas livianas, como plataformas comerciales entre cooperativas de un mismo país o de diferentes países.
• Inversiones públicas en infraestructura (hard), vinculadas a inversiones en construcción de capacidades (soft), que permitan gestionar y administrar las primeras por organizaciones sociales y cooperativas de la agricultura familiar, y así ganen escala y competitividad en forma asociativa.
• Nuevas formas y formulas jurídicas para las compras públicas de alimentos donde la participación de la agricultura familiar sea relevante.
• Nuevos sistemas interdisciplinarios de asistencia técnica y extensión rural, que focalicen la inserción de la agricultura familiar en los mercados, en las cadenas de valor y en la seguridad alimentaria.
• Políticas de seguridad social en el campo, que permitan un retiro digno para los mayores, un reconocimiento al trabajo y al aporte de la mujer rural y se garantice para ella una participación laboral equilibrada, de acuerdo con sus propias necesidades, además de un retiro digno y oportuno.
• Políticas que generen el marco jurídico y técnico para una reorganización del trabajo rural y un estímulo al recambio generacional con jóvenes líderes sociales y empresarios rural innovadores.
• Tecnologías apropiadas para las fincas familiares que incorporen el proceso productivo comercial como preocupación y el agregado de valor a la producción y la competitividad como resultado. Acondicionamiento, transporte, comunicaciones (TIC), biotecnología, funciones a incorporar a las plataformas tecnológicas para una agricultura familiar competitiva.
• Adaptación de los acuerdos comerciales regionales e internacionales, a través de negociaciones apoyadas en sustentos técnicos emergentes de un diálogo político entre y dentro de los países, que permitan y garanticen un comercio justo a partir de una nueva gobernabilidad en el comercio de alimentos. Organizaciones como la OMC y la ALADI tienen un claro mandato en esta materia y al impulso de los gobiernos y las organizaciones sociales deberían revisar los acuerdos comerciales y reglas vigentes, a la luz de las estrategias de seguridad alimentaria nacionales y regionales, donde la agricultura familiar tiene un papel estratégico en la producción y suministro de alimentos.
• Políticas para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, a través de la inversión público-privada en sistemas de alerta temprana, y gestión del riesgo climático.
En cada país y en cada región hay más ejemplos.
Para que el AIAF no sea una mera conmemoración o un reconocimiento académico o retórico, los representantes de la ciudadanía, legisladores, dirigentes políticos de diferentes orientaciones filosóficas y signos políticos deberían conocer y debatir estos conceptos, estos nuevos paradigmas y estos nuevos instrumentos de política pública. La mayor de estos ya han sido probados y pueden ser evaluados y seguramente escalados, porque organizaciones sociales rurales de agricultura familiar pioneras, gobiernos y el FIDA ya lo han hecho en diferentes países y regiones.
